Un juez uruguayo dispuso hoy el ingreso en prisión del general Miguel Dalmao para que sea juzgado por la muerte de una militante comunista ocurrida en 1974, el primer caso que involucra a un militar en activo por crímenes durante la dictadura (1973-1985), informaron fuentes oficiales.
El magistrado penal Rolando Vomero imputó a Dalmao, hasta la fecha jefe de la División de Ejército IV, el delito de "homicidio muy especialmente agravado" por la muerte de Nibia Sabalsagaray en un cuartel militar.
Según indica la prensa uruguaya, el general ingresará en la cárcel especial para militares de Domingo Arena donde esperará su juicio junto al ex coronel José Chialanza, imputado con Dalmau como "coautor" del delito.
El juez decidió el procesamiento en prisión del general después del pedido de la fiscal Mirtha Guianze, quien el pasado 14 de octubre responsabilizó a Dalmao y Chialanza por la muerte de Sabalsagaray.
Ambos militares podrán apelar ahora esta decisión, pero ya desde prisión.
Dalmao, que fue el primer general ascendido tras la llegada al poder en Uruguay del izquierdista Frente Amplio en el año 2005, era alférez en 1974 y cumplía funciones de lucha antisubversiva en la unidad del Ejército donde apareció muerta Sabalsagaray.
La versión oficial de la época señala que la joven militante comunista se ahorcó en el calabozo donde estaba detenida, pero de las pericias forenses adjuntadas al expediente judicial se desprende que fue víctima de torturas.
La investigación de la muerte de Sabalsagaray fue posible después de que la Suprema Corte de Justicia de Uruguay declarara en octubre de 2009 inconstitucional la Ley de Caducidad, que impide juzgar los crímenes cometidos por uniformados durante la dictadura, para este caso concreto.
Esa polémica ley fue aprobada por el Parlamento en 1986 y ratificada en las urnas en dos referendos, uno en 1989 y otro en octubre pasado, de manera simultánea a las elecciones que llevaron a la Presidencia de Uruguay al ex líder guerrillero José Mujica.
Precisamente la semana pasada el Alto Tribunal volvió a declarar inconstitucional la Ley para una causa abierta contra el ex presidente de facto Juan María Bordaberry por la muerte de 20 personas.
En las últimas semanas este asunto ha vuelto a ocupar el centro del debate político en Uruguay después de que el Frente Amplio impulsara en el Parlamento una norma que pretende dejar sin efecto la Ley de Caducidad pese al apoyo que tuvo de la ciudadanía.
Esa iniciativa ha sido duramente contestada por la oposición, que ve en ella un "desprecio" hacia la decisión soberana de los votantes que participaron en el referéndum.
La Ley de Caducidad obliga a que tanto el Gobierno como la Corte Suprema autoricen cada investigación judicial que se inicie sobre los crímenes cometidos por uniformados en ese período, algo que no había ocurrido hasta que la izquierda asumió el Gobierno en 2005.
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